Resumen: La Sala estima en parte el recurso y anula la resolución del Jurado, fijando nuevo justiprecio expropiatorio para una finca. A juicio del Tribunal no parece coherente que los peritos utilizando el mismo sistema legal sobre el que no existe discusión lleguen a resultados tan dispares, en este sentido entendemos que de acuerdo con los antecedentes fundados en otros informes periciales perfectamente trasladables al caso, el valor del terreno incluida la capitalización debe ser de 9.000 euros /ha a la vista de que se trata de un terreno de pastos de secano sin arbolado, si bien debe aplicarse el factor de localización que motiva escrupulosamente el perito judicial de 2,2398 y que es muy análogo al que señala la beneficiaria. No procede indemnización por expropiación parcial al haberse expropiado sólo el 8,86% de la finca y no existir prueba de los perjuicios. Aunque el perito judicial valora la ocupación temporal en el 10%, a la vista de que el Jurado lo fija en el 15%, que es el porcentaje ordinario que se fija en otros casos análogos será el que ahora se mantiene, si bien sobre la base del nuevo módulo de valoración del bien y la proscripción de la reformatio in peius. Con relación a la servidumbre y de acuerdo con el Jurado se fija en el 50%, de conformidad con doctrina anterior de la Sala. En cuanto a los intereses de demora el dies a quo para calcularlos por retraso en la fijación del justiprecio es el siguiente a aquel en el que se ocupen los bienes o derechos expropiados.
Resumen: INGRESO MÍNIMO VITAL. FALTA DE CONTRADICCIÓN. FALTA DE RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LA CONTRADICCIÓN. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA INFRACCIÓN LEGAL.
Resumen: La Sentencia apuntada resuelve los recursos de casación interpuestos por los sindicatos LAB y ELA contra la resolución de la Audiencia Nacional del 12 de julio de 2021 en el caso de conflicto colectivo contra Sidenor Aceros Especiales SLU. Consta que, en octubre de 2020, LAB y ESK presentaron demandas colectivas contra Sidenor, solicitando la nulidad o declaración de injustificación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo que afectaba parcialmente los contratos de trabajo. Similarmente, ELA y una demanda conjunta de UGT, CCOO y USO también cuestionaron el mismo ERTE. Las demandas fueron acumuladas en un solo procedimiento por Auto de la Audiencia Nacional en octubre de 2020. En mayo de 2021, durante el acto de conciliación, Sidenor llegó a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y USO), aceptando mejorar las prestaciones de desempleo de los trabajadores afectados por el ERTE y reconociendo derechos de vacaciones y pagas extraordinarias. LAB, ESK y ELA no aceptaron el acuerdo y presentaron recursos de revisión contra el decreto de la Letrada de la Administración de Justicia que aprobó el acuerdo. La Audiencia Nacional desestimó los recursos de revisión presentados por LAB y ELA, argumentando que la acumulación de demandas y el acuerdo alcanzado eran procedentes y que los sindicatos mayoritarios tenían la capacidad de representar a todos los trabajadores en el conflicto colectivo. Los recursos de casación de LAB y ELA cuestionaron la legalidad del acuerdo,
Resumen: Parte de lo reiteradamente declarado (por todas, STS de 29 de junio de 2020, recurso 113/2019) y tras enmarcar el Plan que fue anulado por la sentencia recurrida en casación -Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León- en el artículo 40 de la Ley autonómica 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, confirma que ciertamente impone a los municipios una serie de cargas respecto de la organización del servicio. Responde que, suscitado el debate en el ámbito meramente formal denunciado en el recurso y teniendo en cuenta que la norma reglamentaria impugnada afecta a las Administraciones locales, debe extremarse la exigencia de la memoria económica, debiendo estimarse cumplimentada la exigencia cuando en el procedimiento de aprobación de la norma reglamentaria autonómica se elabora una memoria económica con la previsión de los gastos que comporta y los medios para su financiación por la Administración que aprueba la norma, por más que se deje al criterio de la soberana decisión de las corporaciones municipales asumir el cumplimiento de la norma reglamentaria con la aceptación de dicha financiación.
